Para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, diputados UDI, RN y de Evópoli elaboraron un documento en el que también plantean eliminar los bonos por término de conflicto y de vacaciones. Dicen que con eso se genera, en total, un ahorro de US$ 1.000 millones, monto que debería ser utilizado -proponen- en la extensión, por tres meses más, del Ingreso Familiar de Emergencia y en un subsidio al empleo. El texto se lo entregarán este viernes al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Un documento de cuatro páginas elaboró un grupo de diputados de Chile Vamos para plantear una serie de medidas al gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus y de los efectos económicos que se están generando en el país.
El texto fue suscrito por Jaime Bellolio (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Torrealba (RN), y en él le piden directamente al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que esta vez no se realice un reajuste a las rentas del sector público superiores a los $ 750.000 brutos.
En el escrito, los parlamentarios argumentan que “la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha devenido también en una crisis económico-social de proporciones, producto de las restricciones a la actividad productiva”. En ese sentido, se recalca que “ello ha generado un aumento relevante en la tasa de desempleo y una fuerte disminución en los ingresos que reciben los chilenos, ya sea por trabajo dependiente (por despido, suspensión o reducción de jornada) o por trabajo independiente (imposibilidad de salir a trabajar y llevar el sustento diario al hogar)”.
Los legisladores -que sostuvieron una conversación hoy a través de Zoom para afinar los detalles de la propuesta- afirman que los trabajadores de planta y contrata del sector público se rigen por el Estatuto Administrativo y que, por lo tanto, “no han visto reducidas sus remuneraciones”. Asimismo, el texto añade que, según las estadísticas, “los funcionarios públicos tienen remuneraciones bastante más elevadas que aquellos del sector privado”.
“En virtud de lo anterior, se hace sumamente necesario que el sector público, que no está sufriendo los efectos económicos de la crisis, al menos en cuanto a estabilidad en el empleo y mantención de los salarios, aporte a la solución de la crisis, especialmente para ir en ayuda de los trabajadores del sector privado que han perdido sus fuentes laborales y/o se han quedado sin ingresos”, se recalca en el texto.
Así, se propone que “para quienes reciban un salario de $ 750.000 o menos se reajustarán sus rentas por IPC (inflación)”, explicándose que “hoy un 30% de los funcionarios públicos recibe $ 750.000 o menos, y nos parece justo que las rentas más bajas, que corresponden a auxiliares, técnicos y administrativos, vean reajustados sus salarios en proporción al alza del costo de la vida”. Sin embargo, plantean que “para el restante 70% no habría reajuste” y que eso “implica un ahorro estimado de US$ 800 millones”.
