Los jefes de bancada de Chile Vamos y los parlamentarios que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja afinaron 12 puntos que sustentan una eventual interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Tras meditar la idea hace un tiempo, el bloque opositor señaló que la discusión en torno a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) fue el «punto de inflexión» que los convenció, pues acusan que la jefa de gabinete no tomó en cuenta sus sugerencias en esa materia.
Entre los motivos mencionados en su texto, titulado «Se acabó la paciencia», está el recién estrenado plan Calles sin Violencia, una «baja» asistencia de Tohá a la Comisión de Seguridad y su «nula» opinión en materia migratoria.
Chile Vamos considera que, a diferencia de otras oportunidades, esta acción fiscalizadora -que debería ser encabezada por un diputado RN- les permitirá mostrarse como una oposición «razonable y firme», distinguiéndolos a la vez del Partido Republicano, que solicitó la salida de la ministra en la víspera.
La coalición estima que no será difícil conseguir los 52 votos favorables para impulsar la iniciativa. De hecho, prevén contar con el apoyo de los parlamentarios Víctor Pino y Yovana Ahumada (ambos exPDG), publica El Mercurio.
LAS 12 RAZONES
Al ir al detalle, los parlamentarios sostienen que la ministra «no apoya lo suficiente a Carabineros de Chile», ya que sus acciones y declaraciones «han permitido abrir cuestionamientos al accionar policial». A modo de ejemplo, plantearon no sólo la situación de las RUF, sino que también la criticada citación al general director, Ricardo Yáñez, luego de que éste emplazara a los parlamentarios, y estimaron que su posición frente a la Ley Naín-Retamal»y su incapacidad de ordenar al oficialismo» pusieron en riesgo esa moción.
Posteriormente, observan «la inexistencia de una agenda legislativa», puesto que a la fecha, Interior «solamente ha ingresado —con el concurso del Ministerio de Justicia— un par de iniciativas de artículo único que abordan periféricamente las cuestiones de fondo». En cuanto al «ausentismo» de Tohá en la Comisión de Seguridad, la web de la Cámara corrobora que la jefa de gabinete ha asistido a un 3% a las sesiones.
En tercer lugar, Chile Vamos utiliza cifras de Carabineros para apuntar una incapacidad de la ministra para «frenar el explosivo aumento del crimen organizado, narcotráfico y los narcofunerales», pues la policía indica que el número de homicidios, violaciones y robos violentos de vehículos en el 2022 «son los más altos de los últimos ocho años», tendencia que se ha mantenido en este primer trimestre de 2023.
El texto agrega que el fenómeno migratorio se ha visto magnificado producto de «complejos ideológicos que tiene el Gobierno, desde el Presidente hasta los funcionarios del Servicio Nacional de Migración», indicando que ello ha facilitado un «efecto llamado» que da señales de «permisividad» al extranjero que está pensando venir al país.·
Por otro lado, cuestiona el «ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad», y asegura que la política nacional contra el crimen organizado es «vacía y carente de contenido», por lo que se proponen utilizar la interpelación para hallar certezas «respecto de los recursos comprometidos, y de la real capacidad del Gobierno de gastar los mismos de manera responsable y eficaz».
Asimismo, esperan esclarecer el «inexplicable y opaco pago de pensiones a víctimas del estallido» a través de la acción fiscalizadora, puesto que Interior «ha sido renuente a entregar información y se ha amparado en la protección de derechos de terceros».
Chile Vamos también critica supuestos «criterios partidistas en la reestructuración de labores técnicas en la División Jurídica del Ministerio del Interior»; que «no hay plan para combatir el terrorismo», al no aplicarse ni la ley sobre conductas terroristas, ni la Ley de Seguridad del Estado; una eventual «reacción tardía e insuficiente ante incendios forestales»; falta de auxilio a municipalidades; un retraso en la implementación de la Ley de Armas y el «nulo avance en la reforma a Carabineros y cambios innecesarios a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc)».
