Según el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR), 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
La importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios, mediante los Planes Comunales de Seguridad Pública y los Consejos Comunales de Seguridad Pública adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Así, el nuevo CIC establece que de los 342 municipios, 110 están en categoría de “Urgentes”, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa.
En este contexto, se señala que, a febrero de este año, 24 municipios del país tenían sus Planes vencidos y, 40 gobiernos locales no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo estipula la norma.
En la categoría de “Urgentes”, seis municipalidades tienen sus planes vencidos a febrero de 2025, destacando entre ellos La Florida, considerada la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.
La CGR explica que la falta un Plan de Seguridad Comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Así también será mucho más difícil la prevención de delitos, específicamente relacionados con la realidad comunal, afectando la exposición de la población a delitos u otro tipo de eventos.
Por otro lado, no contar con un consejo o que se sesione con periodicidad, debilita la coordinación y la comunicación entre las autoridades locales, fuerzas policiales, entidades públicas y comunidad, disminuyendo la eficacia de las acciones que se pretendan tomar en materia de seguridad.
Según lo estipulado por la Ley 18.695, los municipios deben enviar a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que además deben actualizarse anualmente durante su vigencia.
