La Jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, solicitó al tribunal la interceptación de datos telefónicos y georreferenciación de 11 periodistas de cinco medios y 7 fiscales. El objetivo era identificar las fuentes informativas en los reportajes sobre el «caso Hermosilla«. La petición, que se enmarca en una investigación por «revelación de secretos«, fue rechazada en tres instancias por el 4° Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Fiscalía Occidente solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago la interceptación de datos telefónicos de 11 periodistas y 7 fiscales, en un intento por identificar las fuentes informativas detrás de los reportajes sobre el denominado «caso Hermosilla». La medida, requerida por la Jefa de Alta Complejidad de dicha fiscalía, Paulina Díaz Obilinovic, fue rechazada en tres ocasiones por los tribunales.
La solicitud se enmarca en una investigación por el presunto delito de «revelación de secretos», iniciada a raíz de una querella presentada por Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, tras la publicación de conversaciones de chat extraídas del celular de este último.
Según la información publicada por Reportea.cl, el objetivo de la fiscalía era determinar si alguno de los siete fiscales investigados en esta causa tuvo contacto telefónico o coincidió geográficamente con los periodistas que publicaron los reportajes.
La solicitud de la fiscalía, según detalla el medio Reportea.cl, buscaba obtener el registro de llamadas telefónicas (entrantes y salientes), el tráfico de datos móviles y, crucialmente, la georreferenciación de los equipos celulares (identificación de celdas, dirección GPS y acimut) de los 11 comunicadores. La información solicitada abarcaba un extenso período: desde el 13 de noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025.
Los profesionales de la prensa incluidos en la solicitud pertenecen a cinco medios de comunicación: La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper.
La nómina entregada por la fiscalía al tribunal incluía los nombres completos, RUT y números telefónicos de los periodistas Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper), y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y The Clinic, actualmente en Reportea).
La petición fue denegada en tres instancias judiciales. Primero, fue rechazada por el 4° Juzgado de Garantía el 27 de agosto de 2025. Posteriormente, se desestimó un recurso de apelación ante el mismo tribunal y, finalmente, un recurso de hecho fue igualmente rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El fundamento de la Corte para el rechazo se basó en que no era plausible autorizar medidas intrusivas contra «periodistas que sólo revisten calidad de terceros o testigos atendiendo el delito investigado». Dicha solicitud contraviene la Ley de Prensa de Chile, que garantiza el derecho de los periodistas a mantener reserva sobre sus fuentes informativas.
La acción de la fiscal Díaz Obilinovic contrasta con declaraciones previas del Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén, quien en enero de 2025 aseguró públicamente que en esta causa «no se perseguirá a periodistas» y que «en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional».
Fuente: Paislobo.
