La Fiscalía Local de Osorno confirmó que dos de los cuatro imputados en el caso de torturas en la comuna quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos fueron beneficiados con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, afirmó que analizarán si recurrirán a la resolución judicial.
Durante la audiencia, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva para todos los formalizados. Sin embargo, el juez determinó medidas menos gravosas para dos de ellos basándose en la declaración de una de las víctimas, quien «se sustrae al imputado de esta responsabilidad, señala que él no tiene responsabilidad, sino que él lo protegía». En el caso del otro imputado, se consideró que «declaró y que obviamente colaboró con la investigación».
Respecto a los dos imputados que quedaron en prisión preventiva, la fiscal de Miguel señaló que los videos presentados en la audiencia son «bastante más elocuentes» y evidencian una «participación bastante activa en los hechos». Además, la persecutora subrayó que ambos tenían una «calidad de superioridad jerárquica respecto de los otros participantes y respecto a la víctima», lo que le da un «matiz distinto» al caso y fue considerado por el juez para decretar la medida cautelar más gravosa.
La fiscal también aclaró la situación en torno a la existencia de videos y denuncias previas. Enfatizó que la fiscalía «jamás tuvo acceso» a los videos que se difundieron recientemente y que tomaron conocimiento de ellos el mismo día que aparecieron en la prensa. De Miguel explicó que hubo una denuncia previa en 2020 por lesiones «respecto de uno de los imputados que fue formalizado el día de hoy», la cual terminó con una suspensión condicional del procedimiento. También confirmó la existencia de una denuncia en 2024 por «tratos degradantes», la cual está vigente y fue adjuntada a la causa actual, pero que en esa instancia «jamás» se acompañó algún video u otra evidencia.
Finalmente, la fiscal María Angélica de Miguel confirmó que los imputados fueron formalizados por el delito de tortura, tipificado en el artículo 150, letra A del Código Penal chileno. Subrayó que, pese a no decretar prisión preventiva para todos, el juez sí estableció que el delito de tortura «si concurre en este caso». La fiscalía argumenta que estos actos son «de lo más degradantes», «intimidatorios» y «denigrantes» para la víctima, calificándolos como «hechos gravísimos».
