A raíz de las indagaciones por el llamado caso convenios, y tras revisar 34 acuerdos entre reparticiones públicas y fundaciones, la Contraloría General de la República (CGR) declaró ilegal 29 contratos equivalentes a $13 mil millones en recursos públicos.
La revisión del ente fiscalizador se centró en determinar si estos pactos cumplen con los estándares legales dentro de la administración pública.
En esa línea, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, se encontraron irregularidades en 29 convenios, en cuanto a la falta de precisión en las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de las fundaciones, así como la falta de claridad en los ítems de gastos y la ausencia de registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
En tanto, se informó que la verificación de la Contraloría aún no ha concluido, y se espera que se continúe evaluando más de 10 contratos bajo investigación, lo que podría revelar más irregularidades y posibles desvíos de fondos fiscales.
Los casos revisados
Entre los casos revisados y declarados ilegales se encuentran transferencias realizadas desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a organizaciones como la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün y la Fundación Chinquihue, ambas investigadas por el Ministerio Público.
De aquellos, resalta el traspaso de más de $667 millones a la corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, a pesar de que el convenio había sido previamente declarado ilegal, expuso el citado medio.
