Tal como se preveía, debido a la composición de fuerzas políticas que integran la instancia, la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende aprobó el informe presentado por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, el cual fue respaldado por los parlamentarios de oposición. En contraste, el informe elaborado por el diputado Raúl Leiva (PS) no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado.
El diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario) votó en contra de la propuesta del socialista y acusó que «le faltó hacerle un queque nomás a la familia Allende». En la misma línea, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) se manifestó «en contra del queque de Leiva», criticando que sus observaciones no fueron lo suficientemente críticas.
El informe respaldado por la oposición —con siete votos a favor y cinco en contra— concluye que la fallida compraventa del inmueble «no solo estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que además, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria». Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) votó en contra del informe y acusó falta de objetividad en el documento.
Asimismo, el informe sostiene que «el Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del expresidente Allende como se argumentó, erróneamente, en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial». También se acusa una «ausencia de un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para la retasación de bienes inmuebles cuando existe una discrepancia entre tasaciones públicas y privadas».
En otro de sus puntos, el informe advierte «la ausencia de documentación formal y la evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado». Además, se sostiene que «la compraventa de la casa de Salvador Allende no es solo una operación destinada a honrar el legado de un expresidente, sino que es también una operación económicamente beneficiosa para su familia».
El documento también lanza duras críticas al Presidente Gabriel Boric, acusándolo de un «intento explícito del mandatario por eximirse de responsabilidad, sosteniendo que desconocía las potenciales inhabilidades constitucionales que rodeaban la adquisición». A juicio de los legisladores de oposición, «este argumento resulta insuficiente, cuestionable e institucionalmente alarmante, dado el cargo que ocupa y el rol que le corresponde en la estructura del Estado.
La excusa presidencial respecto del desconocimiento sobre estas inhabilidades revela, al menos, una falla grave y preocupante en la comunicación interna en La Moneda, poniendo de relieve la inadecuada gestión administrativa y el evidente descontrol institucional en la toma de decisiones estratégicas».
«El Presidente Boric, en pro de la impunidad política, señala al Congreso Nacional en su oficio de respuestas que desconoce el texto expreso de la Constitución Política de la República, cuestión inaceptable comprendiendo el rol del jefe de Estado en el entramado institucional chileno (…) Un Presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental, donde se regulan no solo las potestades presidenciales sino el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado, es simplemente alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura», añaden en el documento.
El informe también cuestiona el rol de los asesores del segundo piso de La Moneda: «Lejos de cumplir su rol de asesoría técnica y preventiva, los asesores presidenciales ejercieron presiones indebidas para avanzar en una compra plagada de conflictos de interés, irregularidades administrativas y advertencias explícitas que fueron sistemáticamente ignoradas», apuntando directamente a Leonardo Moreno, jefe de Políticas Públicas, y a Bernardita Nazar, sectorialista presidencial vinculada a diversos ministerios.
En un apartado distinto, se reprocha el actuar de Francisca Moya, sobre quien se solicita su salida inmediata: «Francisca Moya, en calidad de máxima autoridad técnica de esta división, tuvo una responsabilidad directa y crucial en dicho fracaso (…) se presenten legítimas dudas acerca de la permanencia de Francisca Moya en la jefatura de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que ello depende precisamente del Presidente Boric».
