El jefe del equipo coordinador para la seguridad de La Araucanía duró tres meses y medio en el cargo. Su renuncia se gatilló, tras acusar a las Fuerzas Armadas de «falta de voluntad» para trabajar en la zona.
Una entrevista del jefe del equipo coordinador para la Macrozona Sur, Cristián Barra, al diario El Mercurio desató la molestia en el Gobierno y también, las críticas tanto de la oposición como del oficialismo. La razón: sus palabras acusaban directamente de «falta de voluntad» de las Fuerzas Armadas en el trabajo en la zona, en especial en La Araucanía. «Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera», señaló Barra al diario.
Y agregó: «No les pedimos que ellos hagan primera línea, eso lo hacen los Carabineros, pero ¡por Dios! que me gustaría que proporcionaran más capacitación a Carabineros».
Rápidamente, varios pidieron su salida e incluso el ministro de Defensa y hoy titular (s) del Interior, Baldo Prokurica, debió dar declaraciones de apoyo a la labor militar. Esto en medio de dos tensiones: la que ha causado en la zona la idea de un trabajo más colaborativo y «mixto» entre las policías y los efectivos de las Fuerzas Armadas. Y la otra, ubicada a cientos de kilómetros de La Araucanía y que se generó esta semana con el Ejército, tras la retirada del monumento del general Manuel Baquedano de la rotonda que lleva su nombre.
Sin embargo, la presión no bajó. Barra presentó su renuncia, el Presidente Sebastián Piñera la aceptó y un poco antes se confirmó que ya no seguía en el cargo que lideró por tres meses y medio.
En su reemplazo llegó la abogada y exministra de Obras Públicas Loreto Silva asumió como asesora presidencial en la Macrozona Sur, pero con una tarea distinta a la de Barra, quien tenía un perfil «operativo». Ella estará enfocada en la coordinación legal con las autoridades de la zona, para sacar adelante un punto que preocupa en el Ejecutivo: las causas penales relacionadas con los ataques y con los distintos hechos de violencia y que hoy se encuentran «estancadas», comentan fuentes de Gobierno.
