El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), convocó a una sesión especial para el martes 2 de septiembre, cuando la Sala se dedicará a votar el proyecto que establece multas por no sufragar en las próximas elecciones, impulsado por Joanna Pérez (Demócratas).
La instancia comenzará a las 16:45 horas y durará sólo 90 minutos, pues el único punto en tabla será despachar al Senado la propuesta que, en los hechos, hace que el voto sea voluntario para los extranjeros al fijar sanciones sólo para ciudadanos chilenos.
En cuanto a sus razones para acelerar la tramitación, el presidente de la Cámara sostuvo que el Gobierno «ha dilatado mucho algo que ellos exigían en 2022 para una Convención Constitucional. Para ellos, era importante que votaran absolutamente todos, y hoy vemos una vuelta de chaqueta absoluta».
«Por eso es que me he permitido, a través de mis atribuciones, el tomar en consideración hacer una sesión especial. Si el Gobierno no avanza, lo vamos a hacer nosotros», subrayó Castro.
Las declaraciones del opositor aluden al hecho de que el Ejecutivo no ha ingresado indicaciones hasta ahora, y a que no participó en las sesiones de la Comisión de Gobierno, donde el proyecto fue debatido y votado la semana pasada.
Es posible que diputados oficialistas pidan que el proyecto vuelva a comisión durante la sesión especial, eventual solicitud que deberá ser votada en Sala. En tanto, el radical Rubén Oyarzo -que preside la Comisión de Gobierno- aprovechará la oportunidad para insistir en que los extranjeros queden excluidos de sufragar en las elecciones presidenciales.
Gobierno aspira a un acuerdo más amplio
Desde La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, planteó: «Obviamente, hay distintas miradas en torno a si esta diferenciación de las multas está bien, o si tienen que ser más parejas, pero vemos (en el proyecto) un buen camino de solución, por lo pronto, de un acuerdo lo más amplio posible para destrabar el tema de las multas, ya que estamos cada vez más cerca de las elecciones».
La secretaria de Estado espera que la iniciativa conlleve «el compromiso de que, para un futuro, el padrón electoral esté compuesto de manera más coherente», lo que para el Gobierno, se traduce en que «los extranjeros debiesen pasar a ser ciudadanos nacionalizados para poder participar en elecciones presidenciales».
