En medio del proceso de designación de dos nuevas ministras para la Corte Suprema, en que el Senado deberá ratificar o rechazar la propuesta del Presidente Gabriel Boric de ascender a las ministras Jessica González y Mireya López, la Cámara Baja comenzó la tramitación de los proyectos para cambiar dicho sistema.
Se trata de al menos cuatro mociones parlamentarias que se dan producto de la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial a raíz del escándalo del «caso Audios», que ahora involucra a los ministros Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco en una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción.
En ese sentido, el diputado Raúl Leiva (PS) explicó que «uno entendería que en el sistema actual, para que exista un adecuado control por oposición, intervengan los tres poderes del Estado. Para mí era más fácil que antes de que el Presidente de la República interviniera el Senado, el Senado eligiera tres (candidatos) y el Presidente de la República designara a uno de esos tres, para evitar esta presión. Esa es una opinión personal».
El común denominador de las propuestas es la creación de un «Consejo para la Magistratura», con el fin de realizar la formación, nombramiento y corrección de los jueces.
Al respecto, la diputada Javiera Morales (FA) enfatizó que «al menos nuestra propuesta es que el Senado deje de tener una intervención política en el nombramiento de los magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Sabemos que en eso no hay un acuerdo, y más bien hay distintas posiciones».
Desde la bancada del Partido Social Cristiano, el diputado Johannes Kaiser anunció la presentación de otra propuesta para este propósito, que estará inspirada, según adelantó, en la democracia de la antigua Grecia.
«El presidente de la República no da garantía, tampoco el Congreso, de que no van a nombrar en razón de conseguir ciertas ventajas en el sistema judicial. Y es por eso que estoy proponiendo establecer pruebas de acceso», explicó.
«Que la elección de los jueces de la Corte Suprema sea entre aquellas personas que tengan las calificaciones y, la segunda (prueba), es que sea aleatorio, por sorteo. Cuanto menos en las democracias de la antigüedad, por ejemplo en Atenas, existía el sistema de sorteo para elegir magistrados», complementó el legislador.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), afirmó que «creo que el Parlamento también debe participar (en el proceso)», y agregó que «es parte del problema la opacidad como se da el tráfico de influencia que hemos conocido».
«Si esto se da por canales transparentes, públicos, conforme a ciertos criterios que deben tener los candidatos a ministros y jueces, no habría problema en que participen los tres poderes del Estado», sostuvo.
En la mencionada sesión, parlamentarios oficialistas criticaron duramente la ausencia de representantes del Gobierno que, a través del Ministro de Justicia, Luis Cordero, ya anunció que entregará su propia propuesta durante la primera quincena de octubre.
