La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, abordó este jueves las críticas que han realizado algunos alcaldes sobre el plan «Calle sin Violencia», asegurando que aunque entiende las molestías por no ser considerados en la iniciativa, «la crisis requiere una priorización de recursos» con criterios objetivos.

En entrevista, Martínez afirmó que este plan de seguridad del Gobierno «primero se va a hacer cargo de la persecución penal, mejorar la fiscalización de armas y también de un trabajo operativo -en algunos barrios específicos- para recuperar el control territorial por parte del Estado en aquellos casos en que este se ha ido perdiendo».

«Lo importante en este plan es entender que hay algunos lugares específicos en la comuna de Santiago que se están levantando en función de información objetiva por parte de Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Fiscalía, lo que permite establecer puntos rojos de aquellos lugares donde hay mayor comisión de delitos violentos», advirtió la autoridad regional.

En esta línea, explicó que se hace una distinción entre criminalidad habitual, que son casos como «el robo con sorpresa, elementos que hay que abordar también con caracteres más preventivos», y los hechos relacionados a una «criminalidad más de carácter organizado».

«Con eso me refiero a criminalidad asociada a armas de fuego, homicidios, control territorial a través de narcotráfico y algunas otras comisiones de delito», puntualizó la delegada, que también señaló que los barrios elegidos «se están terminando de afinar para que no haya una movilidad de aquella criminalidad en general, esa movilidad ligada a un control territorial».

FACTORES PARA ELECCIÓN DE BARRIOS

En cuanto a los cuestionamientos recibidos por la elección de comunas para el plan «Calle sin Violencia», Martínez explicó que no quieren hacer «un anuncio vacío que simplemente establezca que habrá comunas y patrullajes sin que haya una determinación muy concreta sobre los criterios objetivos, también los lugares que se van a poder utilizar y también enfocado en esta criminalidad organizada».

La autoridad capitalina aseguró que «eso no implica que no vamos a seguir con patrullajes mixtos, con trabajos preventivos o fortaleciendo la seguridad municipal», pero que, de todas maneras, es necesario entender que «hay una crisis que requiere una priorización de recursos, una especialización en factores tácticos que ayuden también a Carabineros, PDI y Fiscalía».

«Entiendo y lo he hablado con varios alcaldes de la necesidad de que en un contexto como éste, donde la ciudadanía exige abordar la seguridad, 30 comunas pareciera un número muy reducido para poder dar cuenta a cada uno de los alcaldes a lo que su necesidad de comuna exige», puntualizó.

Pese a esta situación, la delegada metropolitana afirmó que «el combate al crimen organizado requiere una coordinación estatal que priorice aquellos lugares donde se están registrando delitos más violentos, porque son esos delitos los que afectan gravemente la sensación de seguridad general de todo un país».

«Cuando ocurre un homicidio a un carabinero, el efecto que tiene sobre el resto de la comunidad es brutal, no solo en términos institucionales y afectivos, también en términos de la seguridad que cualquiera de nosotros pueda sentir y, por lo tanto, eso requiere una priorización por parte del Estado y no solamente un llamado vacío a la unidad, sino que es necesario una unidad operativa para poder abordar esta problemática«, dio como ejemplo Martínez en Cooperativa.

Además, adelantó que el Ministerio del Interior y la subsecretaría de la misma cartera siguen trabajando en «los criterios objetivos» para definir cuáles serán finalmente las comunas y barrios que contarán con este plan.

ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA RM

La delegada también abordó la posibilidad de un estado de excepción en la Región Metropolitana, medida solicitada por diversos parlamentarios y alcaldes, afirmando que aunque «no hay un empacho moral en poder utilizar herramientas que nos da nuestro ordenamiento jurídico para poder abordar esta problemática», la capital tiene una comunidad distinta a la de otras regiones.

«A la luz de algunos informes y la información oficial que hemos trabajado con Carabineros y PDI, el tipo de criminalidad que está ocurriendo en la Región Metropolitana donde no se está resguardando, por ejemplo, infraestructura crítica como en el caso de la Macrozona Sur o la frontera, en el caso de la Macrozona Norte, sino son conflictos urbanos de una complejidad muy distinta», explicó la autoridad.

A esto sumó que en el 2020, cuando hubo un estado de excepción muy restrictivo a raíz de la pandemia, se registró «uno de los años donde hubo más cantidad de homicidios en nuestra historia reciente en la Región Metropolitana», por lo que se requiere «evaluar las acciones no por su grandilocuencia, sino por su eficiencia».

«La institución mejor preparada en términos de protocolos son la PDI y carabineros, particularmente el GOPE, y por eso también dentro de este plan de ‘Calles sin Violencia’ también hay una inyección muy importante de recursos con cerca de 1.500 millones de dólares que reforzará elementos tácticos que son fundamentales», cerró.