La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite legislativo el proyecto de fraccionamiento, que busca distribuir entre los pescadores artesanales e industriales el porcentaje de recursos hidrológicos a capturar, de acuerdo a la región en la que operen.
La iniciativa fue aprobada el miércoles en la Sala de la Cámara Baja por 117 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones, mientras a las afueras del Congreso se registraba una marcha pacífica de pescadores artesanales proveniente de la Caleta Portales en Valparaíso.
La propuesta define que, por ejemplo, el volumen de peces como la anchoveta, la sardina y la jibia -entre otras especies- sea recolectado de un 70 a 90% por la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Los Lagos; mientras que la merluza de tres aletas, el langostino y demás ejemplares serán capturados industrialmente de un 60% a 70% en la zona norte.
Respecto al jurel -la principal pesquería nacional en volumen-, el aumento de su cuota global de captura se da en fracciones industriales. Ante esto, el proyecto define que si dicho incremento es igual o inferior al 15%, será íntegramente subastado mediante asignación de licencias transables tipo B, aunque la industria podrá recolectarla entre un 65% a 90% en todo el país.
La norma pasó ahora al Senado y su discusión se da en paralelo a la de la nueva Ley de Pesca, que intenta suplir a la actual impulsada durante la polémica gestión del exministro de Economía Pablo Longueira hace más de 10 años.
OPINIONES DIVIDIDAS ANTE LA INICIATIVA
Sin embargo, como el proyecto afectará a las cuotas globales de redada de diversas pesquerías, su aprobación genera opiniones divididas entre el Gobierno, los recolectores artesanales y los gremios pesqueros.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó la jornada de ayer como «un día histórico: se ha logrado hoy una votación muy amplia a favor de este nuevo fraccionamiento, que va a hacer justicia entre el sector artesanal y el industrial. Nosotros, como Gobierno, siempre hemos pedido un equilibrio entre ambas partes».
El presidente del sindicato de trabajadores de Caleta Portales en Valparaíso, Pedro Toño, también agradeció la aprobación de la medida: «Es primera vez que nos marchamos desde Caleta Portales sin hacer desorden, porque estábamos segurísimos que íbamos a ganar. Imagínense todo lo que marchamos desde allá, defendiendo nuestros derechos».
Por otro lado, de acuerdo con La Tercera, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) lamentó que «en un contexto de desaceleración económica que vive el país (…) aún se deben resolver la sobrecapacidad de pesca en algunos sectores artesanales», y sostienen que, en general, solo la mitad de la flota artesanal cuenta con actividad.
Pedro Rodríguez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantas de Consumo del Biobío, aseguró que la ley, de aprobarse, traerá desempleo: «El 80% de la Región del Biobío son puestos importantes que se van a perder. Hoy en la región se trabaja, por cuotas, alrededor de nueve o diez meses. Al rebajar lo que están haciendo, vamos a trabajar sólo cuatro, por lo que en los otros meses vamos a ser todos cesantes».
Por último, según El Mercurio, el exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central Manuel Marfán (PS) criticó que, con la iniciativa, las exportaciones «se estén sacrificando (…) lo único que importa (para esta idea) es lo artesanal, lo cultural y todo es que es muy importante, (pero) hay que ponerle también las otras prioridades».
En ese sentido, «la ley está como hecha por la Comisión Constituyente, la primera, la (presidida por) Elisa Loncón», aseveró.
