Ennio Mangiola, presidente de la Asociación de Armerías criticó la forma y el fondo de esta iniciativa. “Se ha mentido mucho en la promulgación (…) esta ley juntó todos los proyectos presentados por distintos diputados en los últimos 15 años y trató de juntar todo”.
“Salió algo sin pies ni cabeza. Esta ley no se hace cargo de las armas ilegales, que es el principal problema que hay en Chile”, aseguró. Con esto apuntó principalmente a los objetivos que se plantearon.
Además, se refirió a artículos que “dan como gran novedad” pero ya se contemplaban en la anterior ley del 2015 que promulgó la expresidenta Michelle Bachelet.
“Dan como novedad que se va a exigir un curso de tiro, eso lo solicitamos el 2005. Salió el 2015 con la presidenta Bachelet (…) ese reglamento quedó firmado por la presidenta y el Gobierno de Piñera lo tomó, lo desarmó y mandó otras indicaciones“.
Bajo este contexto, señaló que como Asociación de Armería no fueron contactados para discutir puntos relacionados con el tema. Esto evidenciaría poco conocimiento por parte de las autoridades respecto a la realidad de los hechos.
El problema está en las armas ilegales
Mangiola aseguró que el foco debe centrarse en el contrabando y en el tráfico. La idea es establecer la diferencia entre las armas debidamente inscritas y las no reguladas.
“En Chile se venden entre 7 mil y 8 mil armas anuales en forma legal. Si lo llevamos al tema delictual, hay mucho más de 8 mil armas anuales en manos de delincuentes“, detalló.
En este sentido, hiso referencia al tipo de armamento y al calibre con el que cuentan las organizaciones criminales. Según él mismo explicó se trata de objetos de uso policial y militar, por lo que no se venden a la población.
De esta manera, demarcó dos opciones para la obtención de este tipo de armamento, “o vienen de contrabando o son robadas de los arsenales de las fuerzas armadas y las policías“.
El último punto resulta ser clave, ya que no existe un control o identificación adecuada para el arsenal autorizado para las fuerzas de orden. “Nosotros hemos pedido que se realicen controles y venimos solicitando que se haga un marcaje de la munición. Que cada institución tenga su munición marcada“, sostuvo.
Las modificaciones ilegales
Dentro de este mercado están las armas a fogueo, con una composición similar a las reales y que pueden ser modificadas para disparar munición de fuego. Esta práctica es cada vez más común a pesar de la complejidad de llevarla a cabo.
Según explicó Ennio Mangiola, en Chile es fácil reconocer y hacer un registro sobre los armeros que trabajan con las FF.AA y las policías. En base a esto, aseguró que debe hacerse trabajo de inteligencia para ver “quién se desvió por el camino”.
“Aquí se culpa al hecho, pero el Estado y la policía no hacen nada para solucionarlo. Es más fácil prohibir y restringir, pero no es la solución a los problemas que tenemos en el país sobre las armas ilegales”.
Para finalizar, mencionó la posibilidad de marcar la munición, otro aspecto a tener en cuenta al momento de fiscalizar y posteriormente identificar responsables.
De esta manera, el presidente de la Asociación de Armerías reiteró que la nueva Ley de Control de Armas no cumple con el objetivo necesario para frenar la crisis armamentista ilegal en el país.
