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Aparecieron los 23 computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social

Por Brisa Cardenas
julio 20 de 2023
en Actualidad
Aparecieron los 23 computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social
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La Fiscalía y Carabineros confirmaron el hallazgo de los 23 notebooks robados anoche desde el Ministerio de Desarrollo Social; atraco en el que de uno de los delincuentes, a través de una llamada, fingió ser el ministro de esa cartera, Giorgio Jackson.

Según se indicó, los objetos fueron recuperados esta tarde, cerca de las 14:00 horas, «todos en completo estado y constitución» en la vía pública, en la comuna de Renca.

Su traslado hasta dicho lugar -desde el Ministerio- por un conductor de aplicación, facilitó su ubicación, explicó Carabineros.

Se encontraban en poder de una mujer con antecedentes por robos e infracción a la Ley de Drogas, quien fue detenida por el delito flagrante de receptación: «Su rol específico es recepcionar estas especies», dijeron la policía y la Fiscalía, de acuerdo con los antecedentes recabados hasta el momento.

El coronel Jaime Velasco, del OS-9, reportó que, en conjunto con el Labocar y la Fiscalía, realizaron «diversas diligencias desde horas de la madrugada, que llegaron a determinar líneas investigativas importantes, relacionadas primeramente con un vehículo, lo que determinó la participación de un móvil de una aplicación, lo que nos llevó a un lugar en la zona norte de la capital».

Allí, y previas entrevistas, se estableció la participación de la mujer, «a la cual se divisó en el sector, donde fue controlada y se determinó que mantenía en su poder los computadores», agregó.

Hasta este momento se sigue buscando la caja fuerte también robada -por tres sujetos que ingresaron a las dependencias públicas con overol-, y al segundo vehículo involucrado.

«No nos podemos manifestar respecto a las motivaciones hasta que terminemos las diligencias. En este minuto estamos investigando un delito de robo», señaló Manuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Centro Norte.

El robo en cuestión despertó toda clase de sospechas y suspicacias por darse en medio de la investigación del caso convenios, que tiene como protagonista a Revolución Democrática, partido fundado por el ministro Jackson. Adicionalmente, reavivó la ofensiva de voces opositoras que exigen su salida del Gobierno.

«NO SE ROBÓ INFORMACIÓN SENSIBLE»

A través de una declaración pública, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia condenó el robo ocurrido en sus dependencias «así como cualquier acción que busque impedir el correcto y seguro desempeño de las labores que diariamente realizan funcionarios y funcionarias, que van en directo apoyo a las personas más vulnerables del país».

«Asimismo, vemos necesario aclarar que se trata de un robo de computadores y de una caja fuerte, pero no de información sensible. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone de medidas de seguridad para el resguardo de la información y sus servidores cuentan con políticas de respaldo y almacenamiento que garantizan la confidencialidad de los datos», destacó la cartera.

En esa línea, se informó que «el trabajo del ministerio continúa sin pausa y este incidente no implica retrasos en la entrega de beneficios y prestaciones ni dificulta el funcionamiento normal de sus programas».

«Queremos reiterar que como ministerio hemos estado y estaremos a disposición de entregar todos los antecedentes y aportar en las investigaciones que realizan Carabineros y el Ministerio Público para esclarecer la ocurrencia de estos hechos», cerraron en el escrito.

EMPRESA INCUMPLIÓ MEDIDAS DE CONTROL

El 29 de octubre de 2021, durante la administración de Sebastián Piñera, se aprobó el contrato de «servicio de seguridad privada» para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), quedando a cargo de ello la empresa HM Seguridad Spa.

Tras el polémico robo de anoche, se dio cuenta que esta empresa, que firmó -tras licitación- un contrato de tres años por 293 millones de pesos mensuales, no cumplió con las obligaciones mínimas sobre el ingreso de personas que están detalladas en el escrito.

Según el documento, firmado por Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social en esa fecha, HM Seguridad tenía estas obligaciones para el control de los ingresos de personas a sus dependencias:

  • Funcionarios MDSF y Servicios Relacionados: los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los servicios relacionados que habitan el Edificio (Servicio Nacional de la Discapacidad y Servicio Nacional del Adulto Mayor) podrán ingresar a las dependencias durante los días hábiles y dentro de su horario laboral. Para el ingreso en días inhábiles y/o posterior a la jornada laboral en días hábiles, deberán contar con una autorización emanada por la jefatura directa y visada por la contraparte técnica del
  • Público en General: toda persona ajena al MDSF y sus servicios relacionados, durante los días hábiles e inhábiles, deberá registrarse en la recepción del Edificio MDSF. Lo mismo aplica para quienes ingresen al Edificio a través de acceso vehicular.
  • Vendedores: no se deberá permitir el ingreso de vendedores ambulantes o que porten mercadería con el fin de ofrecerla al personal o al público en general. De igual forma, tampoco podrán ingresar garzones o similares que porten alimentos adquiridos por los funcionarios ya sea en forma directa o por otro medio, debiendo el personal de seguridad, en estos casos, solicitarle los antecedentes al funcionario que hizo el encargo y comunicarse con él, a fin de concurra a retirarlo al acceso principal.
  • Personal de Servicios Externalizados: el ingreso y salida de este personal debe estar sujeto al control permanente del personal de seguridad a través de planillas habilitadas para tales efectos, debiendo ser cotejados con las respectivas autorizaciones visadas por la contraparte técnica MDSF.

Las irregularidades de la empresa de seguridad también fueron abordadas por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien afirmó que «tenían unos cursos pendientes y por eso mismo quisimos efectuar esta tarea de forma inmediata».

«Esa fiscalización arrojó que existía personal de seguridad privada que tenía una deuda en llevar adelante los cursos de actualización de la labor de seguridad», precisó la autoridad.

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