El pasado 11 de junio el jefe de gabinete de Ministros de Argentina, Santiago Cafiero, publicó en su cuenta de Twitter donde muestra un mapa del territorio del país vecino donde demarca el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, y confirmó que será enviado como proyecto de ley al Congreso por parte del Presidente Alberto Fernández.
¿Pero, qué es la Plataforma Continental?
La Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar (Convemar), en su parte VI la define como “comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”.
Debido a esto, algunos expertos regionales en el tema del Centro de Ideas Magallanes y Antártica Chilena, han estado pidiendo a gritos que el Gobierno «se tome en serio» este conflicto.
Uno de ellos es el investigador diplomático de la Universidad de Cambridge, Jorge Guzmán, el cual afirma que «ninguno de los gobiernos le ha tomado el verdadero peso al tema. Son espacios de la Provincia Antártica de la región y hay cientos de kilómetros cuadrados en amenaza. Los gobiernos chilenos han tenido una interpretación muy superficial del problema. Se ha confiado en que Chile tiene derechos, pero si uno no los ejercita no sirven. En la normativa la Convención del Mar para reclamar usos de territorios submarinos más allá de las 200 millas hubo dos plazos. Uno en mayo de 2009 para entregar pretensiones hasta las 300 millas”, explica Guzmán. Además el académico agrega que “Chile entregó un informe muy genérico y superficial, mientras que los argentinos hicieron uno con datos científicos que resumía muchos años de trabajo, Ellos entienden que hay oportunidad en la normativa de derecho internacional de tener territorio antiguos. Luego en mayo del 2019, había que entregar información preliminar en un segundo informe y Chile envió una nota para decir que lo iban a entregar en diciembre, y después antes de primer semestre del 2020, Y ya estamos en junio y no hay nada”.
Según afirma el medio especializado revista Marina, en uno de sus artículos relacionado al tema hay que tener presente que sobre la plataforma continental los estados costeros poseen acceso exclusivo no sólo sus recursos minerales, sino que a todos los recursos naturales. Esto, amén de la importancia que la soberanía sobre el suelo y el subsuelo marino tienen en los ámbitos de la investigación científica aplicada, la seguridad y la defensa.
Otro detalle que da, es sobre el cambio que ocurrió respecto de este tema el 2016. «Para Chile, este nuevo paradigma ha quedado completamente establecido luego que, en marzo de 2016, el gobierno de Argentina comunicara oficialmente que ese mismo mes las Naciones Unidas habrían aprobado por consenso, es decir, sin un solo voto en contra, los límites exteriores de su plataforma continental. Según ese mismo comunicado, bajo el procedimiento de la parte VI de la Convemar habían quedado bajo su soberanía una superficie de 4.800.000 km² de suelo y subsuelo marinos. Y aunque esto no es exactamente así, lo trascendente es que entre 2009 y 2016 Argentina logró importantes avances en el campo del reconocimiento internacional de los límites exteriores de sus territorios submarinos».
Por su parte, el ingeniero comercial Alejandro Riquelme, perteneciente a la misma organización que Guzmán, hace énfasis en este último punto. «El Comité Nacional de la plataforma continental no hizo la pega, y ahora estamos pagando el precio. Ahora si estos reclamos ya fueron aceptados, Argentina podría implementar estudios para realizar expediciones y explotar recursos en territorio de Magallanes. Es como si vinieran a nuestro país y no quitaran un recurso natural», explica Riquelme.
Otro miembro de esta organización es el abogado Claudio Morán, el cual tiene una idea de lo que debería hacerse respecto de este tema. “El tema está agarrando vuelo y lo grave es que se están dando cuenta de que Chile quedó rezagado por una falta de proactividad gigante lo que nos tiene dormidos en el asunto. Argentina tiene una política exterior muy agresiva y está corriendo sola y no se está ganando por goleada. Hay que hacer un estudio técnico con la armada y con más instituciones para hacer una presentación para defender los derechos de Mar de Chile», señala el abogado.
Sin embargo, el Ministerio de relaciones exteriores de Chile emitió el 11 de mayo una nota diplomática a Argentina en la cual indica que la extensión de la plataforma continental pretendida por ese país no son oponibles a la República de Chile.
Según el diario el Mercurio de Santiago, el documento implica que Chile no reconoce el deslinde del trazado en la zona del mar austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en este sector. La nota también fue enviada el 23 de mayo al Secretario General de la organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. La misiva se extendió previo a un análisis realizado por el canciller chileno Teodoro Ribera, junto a los equipos técnicos del ministerio quién es consultaron a excancilleres, a la armada de Chile y a varios expertos.
Jorge Guzmán admite que la gestión del ministro Ribera ha sido mejor que las anteriores. “Hay que decir que la actual gestión parece que quiere hacerse cargo del tema, eso hay que reconocérselo al ministro Teodoro Ribera. Esperamos que ahora el gobierno a través del ministro acepte que no queremos ser una piedra en el zapato, sino que ser partícipes en encontrarle una solución al problema. Siempre debe primar el interés superior de Chile“, asegura el académico. Respecto a la idea de crear un estudio técnico de Riquelme, Guzmán agrega que “tiene que estar formado por profesionales que se dediquen en estudiar este tema y que tengan conocimientos a nivel internacional. Esto podría costar una fracción que los proyectos que aprueba el CORE en Magallanes. Para ponerle un costo, esto podría estar cerca de los mil millones de pesos. Pero es algo que si no hacemos, lo vamos a lamentar mucho en el futuro».
Fuente: https://elpinguino.com/
