A 10 días de su polémica liberación, el sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández ya logró huir de Chile, según revelaron este domingo fuentes de la investigación a Radio Cooperativa.
La información indica que este criminal, principal sospechoso del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el «Rey de Meiggs», cruzó la frontera hacia Perú a través de un paso no habilitado.
Su último registro conocido data del pasado sábado 12 de julio, en el Terminal Rodoviario de Arica.
El bullado caso ha generado una profunda preocupación y una ola de críticas hacia el sistema judicial y de seguridad en Chile, sin tener por ahora responsables claros de este error.
Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reconoció que lo ocurrido corresponde «al menos a negligencia», y subrayó la importancia de fortalecer los protocolos de comunicación entre los diversos organismos.
En entrevista con «Estado Nacional» de TVN, el secretario de Estado afirmó que, ante las negligencias que pudieron existir en este caso, es necesario «fortalecer los protocolos de comunicación entre el Ministerio Público, los tribunales de justicia y Gendarmería de Chile».
A esto sumó «una comunicación inmediata con el Ministerio de Seguridad para que se redoblaran los esfuerzos para la recaptura de esta persona».
«En esto no hay que descartar ninguna hipótesis: si es un error, una negligencia o hubo algún tipo de organización para la comisión de un delito, todas son muy malas posibilidades», puntualizó Gajardo, que señaló también que la rectificación del tribunal sobre el nombre del imputado no debió notificarse a Gendarmería, ya que generaba confusión.
Los cuestionamientos desde el mundo político
La situación ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político, evidenciando la creciente preocupación por el crimen organizado y la credibilidad de las instituciones.
La jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón, advirtió que existe «una guerra interna que es mucho más grave contra el crimen organizado», por lo que instó a convocar a un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) «reformado, donde la Fiscalía pueda participar también».
Por su parte, la diputada comunista Alejandra Placencia, integrante de la Comisión de Seguridad, indicó que «la credibilidad de las instituciones es lo que está en tela de juicio, y cuando además vemos atisbos concretos de corrupción en casos como estos, tenemos que tomar medidas urgentes».
Comisión especial en la Cámara Baja
En respuesta a la gravedad de los hechos, se ha fijado para este lunes a las 13.00 horas una sesión especial conjunta de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados.
La agenda incluirá el análisis de la polémica liberación del sicario, la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones y la implementación de medidas de control para prevenir futuros incidentes.
