En su informe «Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas», AI acusa a los Gobiernos de El Salvador, Paraguay y Venezuela de violar los derechos humanos. Deutsche Welle habló con Erika Guevara Rosas, su directora para las Américas, al respecto.
DW: La pandemia ha afectado a todo el planeta. ¿Por qué se enfocaron en El Salvador, Paraguay y Venezuela?
Erika Guevara Rosas: Sin duda alguna, esta pandemia no tiene precedentes y los Estados no solo están facultados sino que tienen la obligación de implementar medidas de protección de los derechos a Salud y a la vida. El continente de las Américas se ha convertido en el epicentro por los casos confirmados y las personas fallecidas. Las cuarentenas de diversos grados se han implementado en diferentes formas en distintos países -no solo en nuestro continente- y también en otras regiones hay motivos de preocupación.
Sin embargo, esta investigación se hizo en respuesta a los informes recibidos: desde marzo, comenzamos a recibir y verificar decenas de videos disponibles tanto en redes sociales como los que nos hacían llegar, que fueron filmados dentro de centros de cuarentena obligatoria. Dimos prioridad a la situación en El Salvador, Venezuela y Paraguay porque son los países de donde recibimos más denuncias y evidencias, y es donde el confinamiento forzado se prolongó, generando un gran número de detenciones arbitrarias.
No quiere decir que sean los únicos -también documentamos en Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador- pero en estos tres países en particular las denuncias fueron mayores y las preocupaciones sobre el número de personas y las condiciones que enfrentaron también fueron mayores.
¿Cuáles fueron las similitudes que encontraron en estos tres países?
Se han dado cuarentenas obligatorias sin que se hayan agotado medidas menos restrictivas como el confinamiento voluntario y programas de educación. Casi inmediatamente después de que se declara la pandemia, en El Salvador y Paraguay se decretó confinamiento obligatorio. En Venezuela, una vez que empezaron a subir los casos, se aumentaron las medidas. Se trataba –supuestamente- de disposiciones de salud pública, pero las consideramos punitivas. Tienen el común denominador de que las personas que han sido afectadas viven en situación de pobreza, son retornadas, refugiadas o migrantes -ya sea que fueran deportadas o que tuvieran que regresar forzosamente, como en Venezuela y El Salvador, que son países expulsores- o personas que regresaban a su país, no por ser refugiadas.
En los tres países, estos confinamientos se dieron generalmente en instalaciones improvisadas, como almacenes o estadios deportivos. Estos espacios no contaban con medidas higiénicas, ni se garantizaron el derecho a la alimentación, al agua y saneamiento, a la asistencia médica y a que estas personas fueran tratadas con dignidad.
¿Y las diferencias?
Las diferencias son contextuales. En El Salvador y Paraguay, cuando los números de personas contagiadas empezaron a disminuir, se inició el cierre total de estos centros. A finales de agosto, en ambos países, ya se habían clausurado. En Venezuela, continúan para personas retornadas de países como Perú y Colombia. También hay diferencias en el número de personas que fueron confinadas forzosamente: en Paraguay se habla de aproximadamente 8.000. En El Salvador, hay más de 16.000 y en Venezuela -sabiendo que por lo menos han regresado 90.000 personas refugiadas- la magnitud podría ser mayor.
Es interesante ver cómo estos tres Gobiernos imponen estas cuarentenas. Esta medida -que justificaron como de salud pública- se convirtió en violatoria de los DD.HH. porque exponía a las personas al contagio. Hay declaraciones del ministro de Justicia de El Salvador en las que evidencia que el propio Gobierno sabía cuáles eran los riesgos de estos espacios insalubres cuando él advierte que no rompan la cuarentena porque podrían ser llevadas a estos centros donde estarían expuestas al virus. El propio Gobierno reconoce que estos lugares se convertían en una especie de centros de contagio. Ahí hubo una serie de arbitrariedades.
Por otro lado, estas detenciones que se prolongaron en el tiempo -y que se siguen prolongando en Venezuela- pueden constituir detenciones arbitrarias violentando el derecho a la libertad e integridad. Estas detenciones no tienen justificación porque no están especificadas en la ley, no están limitadas en el tiempo y tienen un factor de discriminación.
Cuando hablan de campañas de estigmatización y discriminación, ¿a qué se refieren?
Desde el inicio de la imposición de estas medidas punitivas, las declaraciones de las autoridades –sobre todo al más alto nivel- se han referido a las personas que han sido confinadas de manera estigmatizante, acusándolas, en el caso venezolano, a los extremos de ser terroristas biológicos.
En El Salvador, pudimos documentar casos de personas en situación de pobreza que salían en busca de alimento o de medicinas y que eran detenidas, a pesar de que justificaban su salida. Eran puestas en cuarentena y estigmatizadas porque -cuando regresaban a sus comunidades- ya tenían la marca de estar en estos centros. Las declaraciones de las autoridades acusándolas de ser responsables del contagio son muy peligrosas porque vimos, en muchos casos, que han sido atacadas por las comunidades.
En Venezuela, cuando estas personas regresan a sus comunidades sufren rechazo y sobre todo del acoso de las autoridades locales porque ya han sido estigmatizadas con las campañas mediáticas que ha hecho inclusive Nicolás Maduro, al acusarlas de terrorismo biológico.
¿Qué rol tienen los cuerpos de seguridad?
En una región que ya está atravesada por la violencia estatal -donde las fuerzas de seguridad se han convertido en herramienta silenciadora de los Gobiernos que han perdido la capacidad de dialogar- las fuerzas de seguridad han sido empleadas para imponer estas cuarentenas obligatorias.
Estas fuerzas -incluidas las castrenses, que deberían apoyar desde la logística militar para establecer instalaciones hospitalarias temporales- han sido desplegadas para imponer medidas punitivas y, en muchos casos, hemos documentado malos tratos que pudiesen constituir tortura. Sin duda alguna, las fuerzas de seguridad han jugado un papel clave porque son las implementadoras de estas medidas punitivas.
Con la reapertura económica, hay un riesgo de que los contagios suban y que se tengan que retomar las cuarentenas. ¿Qué recomendaciones dan para estos tres países?
Tenemos un temor fundado de que los Estados sientan la tentación de volver a implementar estas medidas punitivas. A países que ya han violentado DD.HH., les exigimos que hagan investigaciones imparciales y expeditas sobre estas denuncias para que no se queden en la impunidad y que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
También pedimos a los Gobiernos que en estas cuarentenas se les conceda el acceso a ONGs humanitarias y a observadores de DD.HH. para que puedan vigilar las condiciones. Estos centros de cuarentena tendrían que cumplir ya con los lineamientos y guías establecidas por la OMS: sabemos que no es necesario un confinamiento por más de 14 días, que en estos centros se tienen que proporcionar los suministros que se necesiten para cumplir con los DD. HH. y sobre todo, es necesario que se busquen medidas menos punitivas como es el confinamiento voluntario.
Fuente: https://www.dw.com/
