Senadores y empresas del sector cuestionaron el cambio en las reglas del
juego en proceso licitatorio impulsado por la Superintendencia de Casinos de
Juegos.
La Superintendencia de Casinos de Juego fue cuestionada en la Comisión de
Economía del Senado, por la forma como está llevando el proceso de
otorgamiento de los permisos de operación 2020. A esa instancia concurrió la
autoridad junto con diversos representantes de los casinos, para analizar la
situación actual del sector.
Los miembros de la Comisión de Economía del Senado coincidieron en que no se
está respetando la certeza jurídica, por lo cual oficiarán al Ministerio de Hacienda
con el fin de resguardarla.
La senadora Ximena Rincón quien, siendo ministra de la Segpres, tramitó la ley que
rige actualmente al sector (Ley 20.856), explicó que dicho cuerpo legal mantuvo el
derecho preferente de renovación en su forma, para ser coherente con las
inversiones realizadas y la ley original, que invitó a los privados a invertir en el sector.
Rincón argumentó en base al inciso quinto del artículo 3º transitorio de la Ley 19.995,
introducido por la ley 20.856 de 2015 que señala literalmente que “los permisos de
operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se
regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas
posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.
Al respecto señaló: “Yo fui una de las que mandató la Presidenta (Bachelet) a
resolver el tema de los casinos municipales y por eso se dictó esta ley y por eso se
consignó este artículo en particular, porque había operadores que habían
participado en procesos y si íbamos a cambiar los criterios había que respetarles
sus derechos”.
La ex ministra se mostró preocupada, debido a que considera que “de verdad aquí
estamos afectando la certeza jurídica, lo que pone en riesgo sobre todo no sólo el
emprendimiento y desarrollo local, sino que la fuente de trabajo”.
Por su parte, el senador Felipe Harboe argumentó que “cuando se han hecho
inversiones con un marco regulatorio determinado y, al corto andar, y resalto esto,
se establecen cambios de criterios o modificaciones, evidentemente eso genera
un desincentivo a las inversiones y, lo que es más delicado, pone en riesgo la
imagen país para las inversiones extranjeros”.
Por ello, “como comisión deberíamos hacerle presente al señor ministro de
Hacienda la necesidad de establecer certeza jurídica para los efectos de
garantizar las inversiones”, indicó.
Coincidió con ellos el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde. “Comparto
plenamente el planteamiento de la certeza jurídica, porque además es lo que
permite que se realicen inversiones de largo plazo y por eso es fundamental no
cambiar las reglas del juego, salvo excepciones”, aseguró.
Al respecto, el director de Boldt Peralada, Ricardo Abdala, señaló en su
intervención representando a la Asociación Chilena de Casinos de Juego que
“nuestra preocupación fundamental y lo que queremos advertir, radica en un
intento del regulador de no respetar las reglas del juego con las que fuimos
invitados a participar en el desarrollo e inversión de esta industria, en materia de
renovación de los permisos de operación”.
Al final de la sesión se acordó oficiar al Ministerio de Hacienda, por dos materias.
Primero, por “la necesidad de establecer certeza jurídica para los efectos de
garantizar las inversiones”, como expresó el senador Elizalde, “y segundo, no
permitir que el sector financiero excluya a un sector de le economía del país que
tiene una importancia directa en materia de empleo, particularmente en regiones,
de las alternativas de financiamiento, máxime si estas son con garantía del Estado”.
Tras la sesión, el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos,
Rodrigo Guiñez, valoró que todos los miembros de la Comisión de Economía, por
unanimidad, hayan acordado enviar un oficio al Ministerio de Hacienda para que
se respeten las reglas del juego. “La ley es absolutamente clara y no da espacios
para ninguna interpretación, por lo que apreciamos los dichos de los senadores
Rincón y Harboe en el sentido de garantizar la certeza jurídica para este sector”,
concluyó.
