La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), se encuentra en el centro de una controversia que involucra tanto aspectos judiciales como políticos, luego de la filtración de una serie de chats ente ella y a exalcaldesa de Santiago Irací Hassler que revelarían que la parlamentaria utilizó su influencia para conseguir puestos en la Municipalidad de Santiago para algunos de sus asesores más cercanos y duras criticas al gobierno de Gabriel Boric.
La polémica surgió el pasado 3 de marzo, el mismo día en que dio a luz a su primer hijo, cuando un equipo de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en su residencia en Providencia con una orden de allanamiento.
Este procedimiento, que involucró la incautación de su teléfono móvil y un notebook, es parte de una investigación que indaga el presunto delito de tráfico de influencias, abierto de manera secreta por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
La investigación se centra en las gestiones realizadas por Cariola a través de mensajes de texto con Hassler (PC), en las que supuestamente facilitó gestiones para ayudar a un amigo chino a obtener una patente.
En respuesta a las acusaciones, Cariola ha fichado al abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien ha solicitado acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La diputada también ha calificado el proceso como un intento de desprestigiarla y de “asesinato” de su imagen pública.
En uno de los intercambios, Cariola le sugiere a Hassler contratar a Jaime Torres, un miembro de su equipo, para un puesto de “territorial” en la Dideco.
Según la PDI, los mensajes muestran cómo Cariola intervino en la gestión municipal a favor de su círculo cercano, consignó La Tercera.
