La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto que invalida la entrega de pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales.
La iniciativa contempla modificaciones a la ley Nº18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de estas compensaciones por el Presidente de la República.
La comisión respaldó ayer lo propuesto por parlamentarios, tras no dar la unanimidad para admitir a trámite la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno.
Tras este revés, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo presentará un proyecto propio «en los próximos días».
«Lo que dijimos la semana pasada es lo que sigue rigiendo. El Gobierno va a presentar su propia propuesta, dado que la comisión no dejó incorporar indicaciones, y por vía administrativa se van a dejar sin efecto las pensiones que se entregaron a personas que tienen antecedentes penales, que hace pensar que no es prudente que tengan una opción de este tipo, especialmente cuando no hay un daño irreversible», señaló la jefa de gabinete.
En la votación, la comisión visó las indicaciones que disponen que en cualquier caso el Jefe de Estado, vía decreto fundado, podrá revocar las pensiones concedidas si el beneficiario ha dejado de poseer la calidad por la cual se otorgó la compensación.
Además, aprobó que el Presidente también pueda ejercer dicha facultad en casos en los que se constate la pérdida de la calidad por la cual se otorgó el beneficio, o se verifique alguna de las circunstancias establecidas en la ley, aun cuando la pensión haya sido concedida con anterioridad a la publicación de esta legislación.
La discusión llega luego de que en las últimas semanas parlamentarios del oficialismo y sobre todo de la oposición solicitaran la revocación de pensiones de gracia tras conocerse públicamente una serie de casos de beneficiarios que contaban con condenas por delitos como robos, saqueos o lanzamientos de cócteles molotov.
