La instalación de inhibidores de señales de celular e internet en las cárceles ha puesto en alerta a autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería por posibles conflictos al interior de la población penal.
Benito Saravia, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), señaló que «hace bastante tiempo venimos pidiendo que se invierta en tecnología moderna para poder controlar el interior de los recintos, que se agregue este tipo de tecnología que bloquee todo tipo de señal».
Sin embargo, añadió, «puede generar también sobrerreacción de la población penal, que es justamente la que utiliza estos aparatos celulares para mantener vigente sus vínculos con el exterior y desde ahí también manejar negocios ilícitos que tienen fuera de las cárceles».
La preocupación de los funcionarios es de un posible conflicto dentro de los centros penitenciarios como motines, tomas de rehenes e inclusive huelgas de hambres.
A lo anterior, se suma el instructivo emitido por Gendarmería que manifiesta la suspensión de permisos estatutarios al personal e imposibilidad de salir de la región desde el 28 de marzo, lo que Saravia sostuvo que «no es algo nuevo».
Ante la situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que se están tomando medidas preventivas para evitar algún conflicto al interior de las cárceles.
«EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO TIENE QUE SER FRONTAL Y DIRECTO»
Pese a la preocupación al interior de los centros penitenciarios, en la Cámara Baja han valorado la instalación de inhibidores para evitar que los delincuentes sigan operando desde el interior.
«Tenemos que enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia con medidas urgentes. Uno de los lugares desde donde se están tomando decisiones y se está generando una cantidad de delitos importantes, son nuestras cárceles. Hace muchos años tuvimos que haber tomado una medida de inhibición de celulares e internet al interior de las cárceles, para que el crimen organizado no siga operando desde allí», apuntó el diputado Marcos Ilabaca (PS).
En ese sentido, el parlamentario socialista enfatizó que «el combate al crimen organizado y al narcotráfico tiene que ser frontal y directo. Ante estos criminales que nos amenazan, decirle con claridad que no vamos a ceder ante este tipo de presiones».
El diputado Henry Leal (UDI) destacó que «es una medida que transversalmente estábamos pidiendo hace mucho tiempo», pero reparó en que «también pedimos al Gobierno que redoble los esfuerzos, que brinde seguridad y protección a los gendarmes y también apoyo institucional y político porque si tienen que actuar, tienen que actuar».
«El crimen organizado es un enemigo poderosos y el Estado tiene que estar preparado para enfrentarlo. No puede ceder ante la amenaza y la presión», consignó.
Estos inhibidores, explicó el Gobierno, se instalarán en Santiago 1 y la ex Penitenciaria a modo de prueba, para luego extenderlo al resto de las cárceles en Chile.
