Los ecos del caso Convenios, que salpica principalmente a Seremis de Vivienda y Urbanismo con fundaciones vinculadas al oficialista Revolución Democrática, no sólo han llegado a La Moneda, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República, pues ahora también acusaron recibo en el Consejo Constitucional.
Esto porque la bancada de consejeros de Renovación Nacional y Evópoli prepara un grupo de enmiendas anticorrupción, que en lo medular propondrán consagrar en la nueva Constitución la inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos para todo aquel funcionario del Estado y autoridad electa que sean condenados por delitos de ese tipo.
«Tenemos que condenar todo tipo de actos de corrupción y faltas a la probidad. (Queremos que) cualquier persona que trabaje en algún órgano del Estado, sea diputado, ministro de Estado, un seremi, director de servicio, alcalde o concejal, que haya sido condenado por algún hecho que revista carácter de delito de corrupción, nunca más ejerza un cargo público en nuestro país», explicó la consejera RN Ivonne Mangelsdorff.
«La sanción es muerte cívica para los corruptos», subrayó.
Concordó Luis Silva, de Republicanos, quien consideró que «la idea de ampliar, de hacer explícita la gravedad de una traición a la fe pública depositada en estas personas que ocupan altos cargos, tiene que ser sancionada, y ejemplarmente».
«Hoy tenemos una crisis de confianza, porque muchas veces (funcionarios o autoridades) se aprovechan de su posición. Creo que es una buena oportunidad para incorporar (una norma) que por lo menos le muestre a la ciudadanía que hay preocupación por el tema. No puede ser rentable traicionar la fe pública», sostuvo.
La bancada RN-Evópoli también respaldará la iniciativa popular de norma «Por un Estado sin pitutos», que ya consuigió las 10.000 firmas ciudadanas requeridas para ser discutida en el Consejo, y que propone regular el nombramiento de funcionarios públicos.
OFICIALISMO APOYA, PERO ABOGA POR AMPLIARLO A PRIVADOS
Aunque los consejeros oficialistas sostienen que la coyuntura no debiese ser parte del debate de una nueva Constitución, creen necesario consagrar a la corrupción como contraria al bien compun, pero también ampliando las sanciones a los privados.
«No basta sólo con aplicar esta norma en el sector público. Creemos que hoy hay que aplicarla con mucha más fuerza también a instituciones privadas que administran recursos públicos, pero también al sector privado. Hoy los delitos de cuello y corbata son una realidad en el país, y para eso el espíritu contra la corrupción debe ser transversal en la sociedad», comentó Fernando Viveros, del Partido Comunista.
Su par Yerko Ljubetic, de Convergencia Social, planteó que «si hay instituciones privadas que razonablemente ejecuten recursos públicos y funciones públicas delegadas del Estado, en la medida que se trate de recursos públicos, es razonable pensar que la Constitución dispusiera que, respecto de esas entidades, elementos como la transparencia y la rendición de cuentas fueran un estándar tan obligatorio como si se trata de organismos públicos».
Los consejeros tienen plazo hasta el 17 de julio para ingresar sus enmiendas respecto al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.
