Más de 21 meses han pasado desde que la Corte Suprema ordenó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) iniciar un proceso participativo, denominado Consulta Indígena Pilmaiquén, en el marco de los hallazgos arqueológicos no previstos que se registraron durante las obras de construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos, desarrollado por la Empresa Eléctrica Pilmaiquén, propiedad de la compañía estatal noruega de energías renovables, Statkraft. Sin embargo, el proceso aún no ha comenzado.
El proyecto hidroeléctrico -que cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde junio de 2009- consta de una central de pasada de 52 MW de generación, e inició su construcción en agosto de 2019, en la cuenca del río Pilmaiquén. La iniciativa contempla construir una represa de 35 metros de altura, que creará un reservorio por un área de aproximadamente 191,9 hectáreas.
Las obras tienen un avance de 72% y se estima que la finalización de su construcción ocurra durante 2024. La inversión inicial de la iniciativa fue por US$173 millones, sin embargo, la emergencia sanitaria del Covid-19 afectó el programa original, obligando a realizar adecuaciones.
“Ya llevamos 22 meses de atraso con un sobrecosto a 2022 de US$ 50 millones”, afirmó la gerenta general de Statkraft, María Teresa González, en una entrevista con Pulso en marzo pasado.
La demora en dar cumplimiento al fallo llevó a que el abogado Héctor Mery Romero, en representación de la compañía eléctrica, solicitara a la Corte de Apelaciones de Valdivia, el pasado 23 de agosto, oficiar al Consejo de Monumentos sobre el cumplimiento del fallo del máximo tribunal.
Esto, luego que en agosto de 2022, el propio tribunal de alzada concediera 120 días hábiles para dar cumplimiento al proceso, luego que el CMN informara el 6 de junio de 2022 la definición de la fecha en que se daría comienzo a la Consulta Indígena Pilmaiquén se encontraba pendiente, al ser “la primera vez que se implementa la medida de consulta indígena por parte de nuestro servicio luego de su creación”, y que se requería una reestructuración financiera para poner en funcionamiento la planificación presupuestaria y organizacional requerida para dicho efecto.
Pese a que el plazo fue renovado nuevamente el pasado 11 de enero, por otros 60 días hábiles, la defensa aseguró en su recurso judicial que “a esta fecha, lo único que sabemos por boca del Consejo de Defensa del Estado es que (…) supuestamente se habría dado inicio al procedimiento administrativo de consulta indígena”, se lee en el escrito.
“Sin embargo, nada sabemos sobre la planificación; entrega de información y difusión; deliberación interna de pueblos indígenas; experiencias de diálogos; sistematización de pareceres y conclusiones; ni de los plazos, reglamentarios o convenidos, que cada una de las etapas descritas ha significado para la efectiva realización del proceso de consulta indígena”, detalló la defensa de Statkraft.
Así, el pasado 29 de agosto el tribunal de alzada de Valdivia ordenó al CMN informar, a través del Consejo de Defensa del Estado, dentro de 10 días de notificada dicha resolución “acerca del estado de desarrollo actual y etapas pendientes de la consulta ordenada realizar por el fallo de autos”.
Por medio de una declaración pública, Statkraft señaló que “La compañía espera que el CMN respete y acate la resolución, y entregue la información requerida sobre el inicio de este proceso, especialmente tomando en cuenta que el fallo de la Corte Suprema que dicta la ejecución de la consulta es del 19 de noviembre de 2021″.
En su intervención, la compañía asegura que “las comunidades aún están esperando que el CMN inicie la Consulta, de la cual todavía no existe una fecha para que se realice la primera reunión”, y afirmó haber tenido “múltiples reuniones con diferentes organismos del Estado, a quienes planteamos la necesidad de que la Consulta Indígena se concrete lo antes posible”. Sin embargo, lamentó que “hasta ahora no hay claridad de su inicio”, por lo que aseguró estar “expectante a la respuesta que dará el CMN”.
