En una declaración pública se acusa a parlamentarios de pretender modificar la ley recortando los derechos adquiridos de las comunidades indígenas costeras de Chile.
En la declaración se establece que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios proveen importantes contribuciones al desarrollo social, cultural y político de los pueblos de Chile y del país en general, a la conservación biocultural de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos y de Chile en general.
De lo anterior, señalan en la declaración pública la modificación de la Ley Lafkenche no resuelve la cuestión de fondo, que es responsabilidad exclusiva del Estado, relacionada con los largos plazos y demoras en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO de las instituciones públicas, que no han dado el ancho en llevar las tramitaciones en los plazos que establece la ley.
Según el escrito, la iniciativa de modificar la Ley Lafkenche desconoce las alianzas que se han dado con los pescadores y pescadoras artesanales, miticultores, recolectoras de orillas y otros actores/as claves en el uso del borde costero, quienes también están preocupados por la defensa del mar y la protección de los bienes naturales que forman parte de nuestras economías locales y prioridades de desarrollo.
Finalmente, indican que las comunidades indígenas costeras de distintos pueblos y territorios, están atentas y coordinadas, y no permitirán que recorten sus legítimos derechos ganados en procesos históricos de tanta lucha para sus pueblos.
Revisa aquí la declaración pública:
Ante la oleada de cuestionables intenciones de modificar la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche e impulsadas por sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos del mar, a los que se suma la reciente Moción de los Senadores señores Espinoza, Elizalde, Kuschel, Saavedra y Sandoval, queremos manifestar lo siguiente:
- La ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche, es una ley creada por y para los pueblos originarios de Chile, que garantiza el resguardo de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios del mar desde tiempos inmemoriales, y que hoy se pretende modificar recortando los derechos adquiridos de las comunidades indígenas costeras de Chile, demostrando con ello el racismo hacia los pueblos originarios que hacen uso legítimo de esta norma.
- Esta iniciativa, presentada por los Senadores mencionados, desconoce las importantes contribuciones que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios proveen al desarrollo social, cultural y político de nuestros pueblos y del país en general, como aportes a la conservación biocultural de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos y de Chile en general.
- La modificación de la Ley Lafkenche solo viene a proponer medidas que no resolverán la cuestión de fondo, que es exclusivamente responsabilidad del Estado, ya que tiene que ver con los largos plazos y demoras en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO de las instituciones públicas que no han dado el ancho en llevar las tramitaciones en los plazos que establece la ley. Esta situación nos tendría enfrentados a “enemigos imaginarios” que son aprovechados por intereses político-económicos, pero en realidad a quienes más afecta está situación es a las propias comunidades.
- Desconoce también las alianzas, que en general se han dado a propósito de los procesos de solicitud y administración de los ECMPO, con los pescadores y pescadoras artesanales, miticultores, recolectoras de orillas y otros actores/as claves en el uso del borde costero, y que también están preocupados por la defensa del mar y la protección de los bienes naturales que forman parte de nuestras economías locales y prioridades de desarrollo.
- Hacemos un emplazamiento al gobierno a tomar cartas en este asunto; pues la derecha ni en su mejor momento se atrevió a tanto. Les recordamos que un proceso de solicitud de ECMPO, que por Reglamento debiera demorar no más de dos años y medio, está tomando más de diez años en muchos casos, lo que es exclusivamente responsabilidad de las trabas administrativas de los órganos competentes del estado. Este gobierno, no ha hecho nada diferente a sus antecesores, solo se ha limitado a repetir las lamentables acusaciones de “entorpecimiento al desarrollo” que cada gobierno ha injustamente traspasado a las comunidades indígenas solicitantes.
A la opinión pública, al gobierno, a los políticos y sectores empresariales, les informamos que las comunidades indígenas costeras de distintos pueblos y territorios, a través de nuestras diversas alianzas, estamos atentas y coordinadas, y NO permitiremos que recorten nuestros legítimos derechos ganados en procesos históricos de tanta lucha para nuestros pueblos.
Imagen de contexto.
