En virtud de las modificaciones anunciadas por el Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y los efectos que tendrán en el valor de las bencinas, las bancadas de senadores y diputados de la Unión Demócrata Independiente -en forma conjunta- declaran lo siguiente:
- Desde este jueves, las familias chilenas enfrentarán un impacto directo y tangible en su economía cotidiana. El alza en el precio de los combustibles, aunque previsible, no deja de ser una medida significativa, dolorosa y profunda.
- Este aumento no es una cifra abstracta: se traduce en más gasto para ir a trabajar, en el encarecimiento del transporte escolar, en el alza de los alimentos y en una presión adicional sobre presupuestos familiares que ya vienen tensionados. En otras palabras, es un golpe directo al costo de la vida. Serán, como siempre, las familias de clase media y los sectores más vulnerables quienes lo resentirán con mayor fuerza. Porque mientras algunos pueden absorber estos incrementos, para muchos otros significa simplemente llegar con mayor dificultad a fin de mes.
- Y esa es la diferencia que muchas veces se omite: detrás de estas situaciones, hay miles de hogares que tendrán que recortar, postergar o derechamente renunciar a gastos básicos. Ese es el verdadero costo —silencioso, pero profundamente real— de esta alza.
- El actual escenario internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente, hacía inviable seguir postergando estos ajustes sin comprometer -como se hizo en los últimos años- las ya debilitadas arcas fiscales.
- Valoramos, en ese sentido, las distintas medidas de apoyo anunciadas por el Ejecutivo, esperando además un esfuerzo adicional que permita ampliar y fortalecer estas ayudas. Con todo, es fundamental que se implementen con máxima celeridad, eficacia y una adecuada focalización, de modo de llegar oportunamente a los hogares de clase media y vulnerables.
- Sin perjuicio de lo anterior, y en la medida en que la situación fiscal lo permita, resulta indispensable que el Gobierno evalúe un segundo paquete de ayudas orientado a mitigar de mejor forma el impacto de estas alzas en los hogares chilenos, especialmente si las actuales condiciones internacionales se prolongan en el tiempo.
- Por otra parte, es indispensable que los chilenos tengan claridad de que enfrentamos esta crisis en una posición fiscal debilitada, como consecuencia de un manejo financiero deficiente y carente de responsabilidad por parte de la administración anterior. Las decisiones adoptadas por los ex ministros Mario Marcel y Nicolás Grau, junto con la ex directora de Presupuestos, Javiera Martínez —marcadas por un uso intensivo de los recursos públicos, sobreestimaciones de ingresos y un aumento sostenido del gasto— redujeron significativamente los márgenes de acción con que hoy cuenta el Estado. Se tienen que asumir esas responsabilidades.
- La actual oposición, que hoy cuestiona esta decisión, es la misma que hasta hace pocos meses avaló un manejo fiscal irresponsable e imprudente. Permitió el despilfarro de millonarios recursos públicos, justificó errores en las proyecciones de ingresos, validó un uso poco riguroso del gasto y guardó silencio frente a escándalos como los casos “Convenios” y “Fundaciones”, el fallido programa “Gas a Precio Justo” y las millonarias pensiones otorgadas a delincuentes condenados durante el denominado “estallido social”.
- Todas estas decisiones no solo comprometieron recursos públicos de manera ineficiente, sino que además debilitaron estructuralmente la posición fiscal del país, reduciendo al mínimo la capacidad del Estado para proteger adecuadamente a las familias chilenas en momentos de mayor necesidad.
- Es por todo lo anterior que la Unión Demócrata Independiente promoverá: (1) la creación de una comisión investigadora destinada a revisar exhaustivamente el manejo fiscal de la administración del Presidente Boric; (2) la aceleración del proceso de reducción de la burocracia pública, incluyendo la revisión del número de parlamentarios y, en el ámbito del Ejecutivo, la disminución de ministerios y servicios; (3) la implementación de un subsidio específico al transporte público en regiones distintas de la Metropolitana; y (4) el establecimiento de un subsidio al transporte escolar, con el objeto de evitar que transportistas y familias deban absorber íntegramente los efectos de esta alza.
