Dentro de los objetivos de la ley, se establece la promoción, protección y desarrollo de la apicultura, mediante la regulación de la producción y extracción, comercialización de material biológico y los servicios de polinización provenientes de toda colmena de abejas en nuestro país.
Dentro del proyecto se crea un registro nacional de apicultores y estampadores de cera, se establecen condiciones sanitarias mínimas, se regula la movilización de las colmenas y la importación y exportación de productos apícolas; junto con establecer sanciones y mecanismos de fiscalización de esta actividad económica
“Es extraño que este proyecto tan relevante haya demorado más de 6 años recién en su primer trámite constitucional. Las definiciones del proyecto que buscan proteger la actividad y sus productos, como la miel alterada, adulterada o falsificada, la creación de Registros apícolas, la determinación de infracciones sancionadas por el SAG, así como hacer extensivo el abigeato al robo de colmenas, constituyen un marco básico pero potente para regular la actividad y proteger la conservación del medio ambiente”, dijo Moreira.
La iniciativa contempla sanciones de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) para quienes alteren de forma irreparable la salud de las colmenas, fabriquen miel adulterada o incumplan la normativa sanitaria, entre otros motivos.
