El canciller, Teodoro Ribera, alertó ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de la situación en Chile debido a la crisis social es una «advertencia» para la región.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, expuso ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de explicar la crisis social que atraviesa el país.

En la instancia, el canciller dio a conocer el contexto en el que se produjo el estallido social, en una especie de recuento de los hechos desde el pasado 18 de octubre.

En su relato destacó los actos de violencia que, en sus palabras, justificaron la decisión del Gobierno de decretar estado de emergencia, así como también se hizo alusión a las manifestaciones pacíficas y a las demandas de los ciudadanos.

Además, destacaron los diversos acuerdos a los que se ha llegado para hacer frente al estallido social, como el que dará paso a un nuevo proceso constituyente.

Finalizada su intervención, que duró alrededor de 20 minutos, los miembros del consejo dieron a conocer sus posturas ante los hechos ocurridos en el marco de la crisis. Algunos respaldaron la institucionalidad chilena por las medidas tomadas, así como también se condenó la pérdida de vidas y las personas que han resultado heridas en las últimas semanas.

En su discurso, el canciller reiteró que “el crecimiento económico no garantiza la paz social” y enfatizó que hay desigualdades sociales que deben ser superadas: “La sensación que predomina en una parte de la población es que el desarrollo económico no ha llegado aún por igual a todos y que subsisten desigualdades e inequidades que aún deben superarse”.

“Las causas de lo que estamos viviendo son múltiples y se inculcan desde hace décadas, como lo reconocen hoy las diversas fuerzas políticas. Más aún, se trata de problemas que vemos también en otros países, en otras latitudes”, señaló.

El ministro también reiteró el compromiso de Chile con la protección de los derechos humanos: “Chile está consciente que el restablecimiento del orden público y el fortalecimiento del Estado de derecho debe realizarse en democracia y con pleno respeto a los derechos humanos“.

“El Gobierno desea reiterar nacional e internacionalmente su total compromiso con los derechos humanos de todos quienes se manifiestan pacíficamente en pos de cambios sociales, de los policías que arriesgan su vida por restablecer el orden público y, por cierto, de quienes mediante la violencia atentan contra el orden público y los derechos de sus conciudadanos, los que serán investigados, detenidos y juzgados, también con respeto a sus derechos, pero con todo el rigor de la ley“, añadió.